Con una gran cintura política y un "road show" impresionante en pocos días (donde no escatimó visitas a Chile, Brasil y España), Cavallo se reunió con casi toda la dirigencia representativa del país, pasando por todos los gobernadores, jefes partidarios, sindicales y sociales, al igual que con empresarios y banqueros, para explicar las medidas que piensa llevar a cabo desde el Palacio de Hacienda.

Los bloques legislativos votaron en forma individual y personalizada, ya que hubo disidencias que fueron muy notorias en el oficialismo (donde la diputada Elisa Carrió renunció al bloque de la UCR y muchos frepasistas se mostraron rebeldes), pero con la suficiencia necesaria para sancionar la esperada ley. Entre las facultades pedidas que le fueron negadas estaba la posibilidad de despedir personal del Estado, enajenar patrimonio público y la posibilidad de privatizar el Banco de la Nación, la AFIP y organismos regulatorios. De esta manera se preserva el derecho ciudadano básico, en el cual las cuentas fiscales se tratan con el Estado y no con un estudio privado de mandatarios.

Las facultades que sí dispondrá el Gobierno hasta marzo del 2002, pudiendo evitar la burocracia parlamentaria es modificar tributos y gravámenes y reestructurar los Ministerios según las necesidades.

También quedó protegido el presupuesto docente y el presupuesto de las provincias, que como nunca dependen del Tesoro Nacional.

Los empresarios (ver otras notas) y reconocidos personajes internacionales manifestaron su apoyo cuando al sancionar la Ley de Competitividad ideada por Cavallo para reactivar la economía argentina, este designó a su equipo de colaboradores, en una clara señal de que se quedaba a conducir el barco.

El apoyo mas firme estuvo de parte del Justicialismo, sobre todo en la Cámara alta (donde posee mayoría propia), donde no hubo grandes disidencias mas allá de algunos discursos de retórica ética en un cuerpo totalmente desprestigiado.