De esta forma mejora la situación de Raúl Galván, Javier Meneghini y Alcides López de la Unión Cívica Radical y Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Eduardo Bauzá, Ricardo Branda, Remo Constanzo, Alberto Tell, Angel Pardo y Ramón Ortega del Justicialismo. Si bien pueden volver a ser implicados en la causa que se investiga, se cree que la causa ingresó en un "callejón" muerto del cual no saldrá.

Se especula que el magistrado esperó hasta el último día del año para lanzar esta polémica medida, aprovechando que en el mismo día se produjo la conmutación de penas de los atacantes al Cuartel de La Tablada y que el Gobierno lanzó rimbombantes decretos de necesidad y urgencia.

Quién sí se hizo eco de la disposición fue el renunciante ex Vicepresidente Carlos Alvarez, quien manifestó su impotencia ante lo que consideró un "indulto" del magistrado.

El Juez Liporaci se encuentra investigado en una causa paralela por presunto enriquecimiento ilícito, y por ello muchos observadores pedían que se declarase prescindente, en un hecho que no ocurrió.

Todavía quedan comprometidos el ex Ministro de Trabajo, Alberto Flamarique y el ex Jefe de los Servicios de Inteligencia, Fernando De Santibáñez, quienes no han podido demostrar el manejo de ciertos fondos reservados de la administración pública.