La ex sindicalista de CTERA consideró que nadie la ayudó en lo que considera un ataque de las mafias del sector que no le perdonaron las denuncias que realizó contra mutuales que estarían cobrando a jubilados cuotas inexistentes. "Mi hijo trabaja en la DGI y no en el INAES. Las denuncias son falsas y están destinadas a pegarme donde más me duele", manifestó la funcionaria frepasista. La única figura política que la respaldó fue su correligionaria Graciela Fernández Meijide, Ministro de Acción Social que también soporta un importante aislamiento dentro del gobierno.

La decisión de la renuncia la tomó inmediatamente después de intentar en vano hablar con el Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral que está investigando a su hijo, quien adujo estar muy ocupado. Al percibir que el peso de su puesto no le servía para salvar el honor de su vástago, decidió alejarse de la función pública.