Si bien hay varias presentaciones en danza, en este caso se está considerando la inconstitucionalidad del decreto que a mitad del 2000 firmó el ex-Vicepresidente Carlos Alvarez.

A fin de año otro decreto presidencial ratificó la posibilidad de que los afiliados a una obra social puedan optar por una empresa de salud prepaga. De todas formas, estas últimas no se muestran muy interesadas porque consideran que los $ 20 que el Estado garantiza por beneficiario no es suficiente para la prestación de un servicio mínimo.