Según la ley pasada, quienes estuvieran detenidos sin sentencia firme sumaban de a dos los años calendarios a cuenta de futuras penas. Incluso, aquellos que hubieren cumplido las 2/3 partes de su condena con buena conducta tenían el beneficio de la libertad condicional. Además, quienes llegaban a los dos años de detención sin condena, quedaban automáticamente en libertad hasta la finalización del proceso. Esa ley, nacida al calor de la crisis carcelaria de desborde edilicio (por falta de celdas y demora de procesos previos) demostró su ineficacia por el alto porcentaje de reincidentes en delitos aún en períodos de "observación".

El Senado ya había aprobado las modificaciones a la ley antes mencionada y con la votación de la Cámara Baja se convierte en ley la desaparición de aquel traspié legislativo-judicial.