Las investigaciones de estos años han comprometido a los ex Ministros Oscar Camilión, Antonio Erman González, Guido Di Tella y el ex Jefe del Ejército, Martín Balza, acusados de estar al tanto de operaciones dolosas que llevaban armamentos a lugares prohibidos por las Naciones Unidas en los cuales la Argentina incluso era garante de la paz (cascos azules). El camino del posible tráfico tomó una nueva dimensión cuando se descubrieron estos mecanismos en plena guerra entre Perú y Ecuador, conflicto en el que el Gobierno de Buenos Aires actuaba como mediador.

Lo mas importante de estos hechos delictivos no son las cifras en sí, sino la condición de crisis institucional que implica un Gobierno inmerso entre traficantes de la muerte. La venta de armas es un elemento legal (aunque no ideal) de conseguir recursos por parte de los países, pero todo ese comercio debe ser aprobado por los legisladores (representantes de todas las orientaciones de la ciudadanía). Los hechos investigados fueron una mecánica aparentemente bastante reiterada, pero que antes que nada convertía al país y su Gobierno en delincuentes internacionales.

En los primeros momentos de la detención de Emir Yoma se rumoreó una fuerte presión para el líder del clan familiar (entiéndase Menem) para que consiga devolverle la libertad, porque de lo contrario surgirían revelaciones que pondrían a descubierto a mas de un peso pesado.